11.000 argentinos viven en la orilla de un cauce tóxico lleno de metales pesadosEs uno de los lugares más pestilentes y corrompidos del mundo y a su ribera viven, en la zona de más alto riesgo, cerca de 11.000 personas expuestas a todo tipo de enfermedades infecciosas, extrañas patologías en la sangre, metales pesados que actúan como agentes cancerígenos, y a grandes basurales. No es un lugar remoto situado en un país subdesarrollado, sino que está a un paseo del centro de la cosmopolita Buenos Aires, cerca del concurrido barrio de La Boca. Es el Riachuelo, que un día cantó Gardel y que hoy es una de las cinco vías de agua más contaminadas de la tierra.
Oficialmente se llama Cuenca de Matanzas-Riachuelo y son 64 kilómetros, que parten de Boca, en capital federal, protegida por unas barreras que alejan los residuos para que no se espanten los turistas que acuden a visitar el famoso Caminito, y pasan por varios municipios de la provincia de Buenos Aires, como Lanús o Lomas de Zamora. Un pequeño paseo en bote por la zona más cercana a la capital muestra agua completamente muerta, lodo infecto, y basurales continuados, mezclados con un tejido industrial de pequeñas y grandes empresas que vierten sus residuos sin ningún tipo de control. El olor se hace, a tramos, insoportable.
La situación es tan escandalosa que la Corte Suprema, en un fallo sin precedentes de 2008, exigió que las autoridades del Gobierno federal, de la capital y de la provincia pusieran en marcha un plan urgente de saneamiento, que se financiaría con un crédito ya concedido del Banco Mundial.
Lo primero, ordenó la Corte, es asentar en otros lugares a los pobladores de las villas (barrios de chabolas) que están pegadas al lecho del Riachuelo, sobre todo la Villa 21-24, el asentamiento llamado El Pueblito y los que existen en Lanus. Lo segundo, conseguir que las miles de empresas, grandes, medianas y pequeñas, que vierten su peligrosa porquería en el río, pongan en marcha planes de reconversión.
En agosto de 2010, un juez federal encargado de la ejecución del plan decidió imponer una multa diaria al presidente de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) por falta de acción. La multa se terminó suspendiendo, se cambió al presidente de Acumar y se empezaron a realizar algunas obras.
Este año, la misma Corte ha convocado una audiencia pública para junio en la que la Autoridad de la Cuenca deberá explicar los pobres avances conseguidos y reconocer que los objetivos marcados están lejos de cumplirse. Los habitantes de las principales villas no han sido trasladados y ni tan siquiera existe un censo real de las empresas que vierten sus residuos al río.
La lista de "agentes contaminantes" registra unas 4.100 firmas, cuando las principales ONG que trabajan en la zona creen que son cerca de 20.000, algunas de ellas pequeñas, pero igualmente dañinas. Para colmo, un grupo de las escasas viviendas levantadas para alojar a los desplazados, ha sido ocupado ilegalmente por los habitantes de otras villas, sin que ni la policía federal, ni la provincial ni la municipal hayan hecho nada para desalojarlas, pese a tres órdenes judiciales consecutivas. Nadie quiere, en plena época electoral, que "su policía" protagonice enfrentamientos callejeros.
El último informe del Cuerpo Colegiado, organismo creado para vigilar el cumplimiento de la sentencia y al que pertenecen el Defensor del Pueblo y ONG como Greenpeace, asegura que el número de basurales en la zona, que debió haber sido controlado en 180 días, no solo no ha disminuido sino que ha aumentado y no se ha llevado a cabo ninguna acción sobre la localización de las personas que habitan en ellos.
El informe lamenta que las empresas del llamado Dock Sud, petroquímicas y almacenadoras de combustible, no hayan sido declaradas como "agentes contaminantes". Los habitantes del poblado cercano llamado irónicamente Villa Inflamable, resalta el informe, reciben agua en bidones de forma irregular "con precintos violados y fechas de vencimiento expiradas". En toda la cuenca no hay todavía un sistema de medición permanente de la calidad del aire.
El Consejo se queja de que no tiene acceso a información sobre el grado de contaminación de las empresas. Y lo que es peor, el método que se aplica para fijar las normas de vertidos no está sirviendo, aseguran, porque se hace con un criterio de concentración y no teniendo en cuenta la capacidad de carga del río, ya superada. "Aunque todas las industrias respetaran las normas, lo que no sucede ni por asomo, el Riachuelo continuaría espantosa y peligrosamente contaminado", concluyen.
